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Directiva de Defensa Nacional
Es el documento máximo del planeamiento de la defensa de España y ocupa el lugar principal tras la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 en la política de defensa española.
El objeto común de todas las Directivas de Defensa Nacional (DDN) es establecer las líneas de actuación y objetivos que persigue el Ministerio de Defensa para la legislatura.
La Directiva de Defensa Nacional en curso es la de 2020 parte del planteamiento de que España tiene que contar con una defensa responsable y creíble para hacer frente a las posibles amenazas que puedan afectar tanto a nuestra seguridad como a la de nuestros aliados, para ser un socio fiable en las organizaciones internacionales.
Esta es la primera directiva, de esta categoría, derivada de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2017.
La nueva Directiva de Defensa Nacional trata de diseñar una Defensa Nacional cercana al ciudadano y acorde a los retos del siglo XXI. Supone una profunda actualización de la anterior, puesta en marcha en 2012, e introduce elementos de modernidad y cercanía al ciudadano, priorizando la seguridad humana como instrumento clave en la prevención de conflictos o la protección de los grupos de población más vulnerables.
Esta actualización ofrece una apuesta decisiva por la aportación de las mujeres a la transformación en la resolución de conflictos y promoción de la estabilidad,desde la población local, como así también, desde las propias Fuerzas Armadas.
El encaje de la contribución de la Defensa a una estructura más integral de Seguridad Nacional, con la participación de todos los instrumentos del Estado, tal y como ha ocurrido con la 'Operación Balmis', parte como idea central de la nueva directiva, como también profundizar en el necesario multilateralismo a la hora de sumar esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad, a través de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OTAN o la ONU.
La nueva directiva prioriza muy especialmente, la atención a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas, ofreciendo también preferencia a la hora de establecer bases industriales y tecnológicas, a nivel nacional y europeo, así como de ciberseguridad en pro del beneficio social y de la creación de empleo cualificado.
